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MERCOSUR
Los 25 años del Mercosur y opciones en el camino de su evolución futura
Félix Peña (*)
Cumplir un cuarto de siglo de existencia es un buen motivo para reflexionar sobre la experiencia adquirida y sobre las opciones que se abren hacia el futuro. Es una reflexión más que necesaria debido al hecho difícil de negar, de que el Mercosur confronta una fuerte crisis de credibilidad. Pero también es necesaria por el hecho de que los países del Mercosur deberán encarar simultáneamente, en este primer semestre del año, al menos tres frentes de negociaciones y de decisiones complejas, señala. El Mercosur cumple 25 años. El 26 de marzo de 1991 fue firmado el Tratado de Asunción. Con cuatro países miembros continuaba un proceso fundacional iniciado en 1986 con los acuerdos bilaterales entre Argentina y Brasil. Fueron acuerdos, a su vez, que culminaban una etapa preparatoria iniciada tras el acuerdo tripartito (Argentina, Brasil y Paraguay) sobre los recursos hídricos firmado en octubre de 1979. Lo que condujo a los momentos fundacionales del Mercosur fue, entre otros factores, una lectura compartida sobre requerimientos resultantes de cambios que se estaban produciendo en el entorno global, tras el fin de la Guerra Fría y en el regional inter-americano, tras el lanzamiento por el Presidente Bush de la idea de una gran área hemisférica de libre comercio. No sólo no había más razones serias que pudieran conducir a una confrontación en el Sur americano -como consecuencia del mencionado acuerdo tripartito-, con los consiguientes costos económicos y políticos en cada uno de los protagonistas, originados por el curso de colisión que había predominado en la relación entre la Argentina y el Brasil, sino que, además, se percibían desafíos y oportunidades que provenían del nuevo entorno económico y político, global y también del regional. El de esos años era, por lo tanto, un contexto que impulsaba a una acción conjunta con complejas y profundas dimensiones, a la vez políticas y económicas, y que aspiraba a tener proyección geográfica más amplia. Un testimonio de ello fue el intento frustrado de que Chile accediera como país miembro y también el texto del artículo 20 del Tratado de Asunción. Cumplir un cuarto de siglo de existencia es un buen motivo para reflexionar sobre la experiencia adquirida y sobre las opciones que se abren hacia el futuro. Es una reflexión más que necesaria debido al hecho difícil de negar, de que el Mercosur confronta una fuerte crisis de credibilidad. Está, en tal sentido, en un cruce de caminos que lo podrían conducir a distintos e incluso contrapuestos, destinos. Entre ellos está, por cierto, la posibilidad que desaparezca como un marco relevante para el desarrollo y la inserción internacional de sus países miembros o, al menos de algunos de ellos. Pero también es una reflexión necesaria por el hecho que los países del Mercosur deberán encarar simultáneamente, en este primer semestre del año, al menos tres frentes de negociaciones y de decisiones complejas. Uno es, precisamente, sobre la adaptación de la metodología de integración empleada en el Mercosur a las nuevas realidades globales, regionales e internas de sus distintos países miembros. Ello implica continuar con el impulso que se produjera en la reciente Cumbre de Asunción, por iniciativa en especial de Paraguay y Uruguay. El otro es el que se refiere a la estrategia de convergencia en la diversidad, como forma de encarar la integración económica en el plano más amplio de la región latinoamericana, en especial, a través de vasos comunicantes eficaces que se establezcan entre los países miembros del Mercosur y los de la Alianza del Pacífico. Y el tercer frente, es el de la conclusión del acuerdo bi-regional que se ha estado negociando en los últimos años entre el Mercosur y la UE. Este frente necesariamente estará vinculado a otras negociaciones comerciales bi-regionales preferenciales -en las distintas modalidades posibles conforme a una interpretación inteligente de los márgenes de maniobra que permiten las reglas del GATT y de la OMC-, que se encaren en el futuro con otros grandes bloques y países, e incluso en el plano hemisférico. Pero no es el Mercosur el único proceso voluntario de construcción de un espacio político y económico común entre países vecinos que se encuentra en un cruce de caminos. La UE está transitando, varias décadas después de sus momentos fundacionales, por una etapa aún más compleja y también incierta. Ello se refleja, entre otros planos, en los múltiples efectos de la cuestión de los flujos de migraciones desde los entornos contiguos y, muy en particular, en el debate sobre el “Brexit” e, incluso sobre un posible “Grexit”. La reciente reunión del Consejo Europeo en Bruselas (18 y 19 de febrero 2016) ilustra, a la vez, sobre las complejidades del cuadro de situación planteado por el eventual retiro de Gran Bretaña, y sobre la imaginación y relativa heterodoxia que se requiere para abordar, en la construcción de una región en la que predomine la paz, la estabilidad política y el progreso social, las crisis metodológicas (cómo trabajar juntos) que amenazan con transformarse en crisis existenciales (por qué trabajar juntos). Los distintos momentos que se observan en un cuarto de siglo de evolución del Mercosur, permiten identificar al menos tres condiciones que son necesarias si se quiere avanzar hacia los objetivos pactados en un proceso voluntario de integración entre naciones soberanas que no aspiran dejar de serlo. Una primera condición es la de la energía política. Esto es el hecho que la voluntad política, que puede ser sólo aparente o circunstancial, se traduzca en un flujo continuo e intenso de estímulos efectivos provenientes del más alto nivel político, al menos de algunos de los países miembros con mayor poder relativo. Sin tal flujo, es posible que mucho de lo que se decida en las periódicas reuniones de los principales órganos de decisión, incluso con la participación de los respectivos Presidentes, quede sólo como expresión de “diplomacia mediática”. Tal diplomacia ha abundado en los procesos de integración en América Latina, y se traduce en decisiones que, si bien pueden tener repercusiones en la prensa del día siguiente de la respectiva reunión, nunca alcanzan el nivel de calidad jurídica que se requiere para producir efectos reales, por ejemplo, en el plano de las decisiones orientadas a incentivar la transformación productiva y las inversiones. Son entonces decisiones formales, pero que no adquieren las tres cualidades de reglas comunes de calidad en un proceso de integración multinacional, que son la efectividad, la eficacia y la legitimidad social. Una segunda condición es la de la solvencia técnica. Esto es el hecho que métodos de trabajo e instrumentos para operar sobre las realidades, reflejen análisis y contenidos que respondan a criterios técnicos sólidos, y especialmente económicos y jurídicos, para fundar decisiones que aspiran a ser viables. Son criterios que no necesariamente se tienen que adaptar a modelos teóricos provenientes de otras realidades y momentos históricos. Y una tercera condición es la de la calidad de gestión, a nivel interno de cada país miembro -en el plano gubernamental, como en el empresario y en el de los demás actores sociales- como en el de los órganos comunes que se establezcan. La calidad de gestión tiene mucho que ver con el grado de coordinación entre quienes participan, en distintos planos, en los respectivos procesos de decisión, y con el grado de transparencia que permita nivelar la información necesaria para que los múltiples protagonistas interesados puedan incidir, de una forma u otra, en el contenido de las decisiones que se adopten. Pero la experiencia adquirida permite, además, reflexionar sobre lo que es necesario lograr en las negociaciones que conducen a los acuerdos, en los que se fijan los objetivos perseguidos y se establecen los mecanismos e instrumentos principales, que se supone deben permitir alcanzarlos. Tres parecen ser los logros esenciales de tales negociaciones. No son, por cierto, los únicos. Pero de estos tres depende, en gran medida, cuán sostenible será un acuerdo de integración y sus principales objetivos a través del tiempo. Los tres son la resultante de puntos de equilibrio entre requerimientos que pueden ser contrapuestos y difíciles de reconciliar. Tales puntos de equilibrio son: entre requerimientos del corto y del largo plazo; entre intereses económicos y sociales, predominantemente ofensivos y defensivos, y entre demandas de flexibilidad y de previsibilidad, especialmente con respecto a las reglas de juego que inciden sobre las decisiones de inversión productiva. Conciliar demandas a veces contradictorias como las tres mencionadas en el párrafo anterior, requiere que las condiciones de energía política, de solvencia técnica y de calidad de gestión, no sólo estén presente pero que, además, sean sustentables en el apoyo que las respectivas ciudadanías otorguen a la idea del trabajo conjunto entre naciones que comparten un mismo espacio geográfico regional. Tal apoyo será más fácil de adquirir y de mantener en el tiempo, en la medida que los grados de transparencia y de participación ciudadana sean significativos; que se pueda correlacionar un proceso de integración con horizontes de futuro creíbles para cada una de las respectivas sociedades, y que los ciudadanos puedan vincular su empleo y su nivel de bienestar, a la eficacia de los objetivos y compromisos que se asuman con los otros países participantes del respectivo proceso.
Texto completo: www.felixpena.com.ar
(*) Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC; Director de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales - Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF); Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Miembro del Brains Trust del Evian Group.
Fuente: Newsletter Mercosur ABC, N° 512, 21/03/2016.
Link: http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=4784&IdSeccion=7
Corredor Bioceánico Aconcagua Tren Trasandino
Bolivia formó una comisión técnica permanente para explicar a los países interesados todos los avances que se logró en el proyecto de construcción del Tren Bioceánico Central Atlántico-Pacífico.
Según el proyecto boliviano, el tren bioceánico comenzará en Puerto Santos, Brasil; ingresará a Bolivia por Puerto Suárez, pasará por los municipios de Santa Cruz, Montero y Bulo Bulo hasta llegar al altiplano de La Paz, para salir a Perú por el hito 4 y terminar en el Puerto de Ilo, uniendo los océanos Atlántico y Pacífico.El proyecto establece que el corredor se extenderá 3.360 kilómetros de vías, de las que más de 1.600 kilómetros ya estarían construidas en suelo boliviano.
Bolivia invirtió más de 6 millones de dólares para encarar un estudio de factibilidad del proyecto, que es la base de las negociaciones con Perú y Brasil, los otros dos países por los cuales pasará el corredor.
Banco de Desarrollo de China muestra interés en corredor bioceánico
En reuniones realizadas a fines de febrero con el ministro de Planificación del Desarrollo boliviano, René Orellana Halkyer, y el embajador de China en Bolivia, Wu Yuanshan, el gobernador del Banco de Desarrollo de China expresó el interés de trabajar con Bolivia y recordó que ya se hizo un trabajo conjunto en la construcción y lanzamiento del primer satélite boliviano Tupac Katari en diciembre de 2013.El Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) es un proyecto ferroviario, que se ubicará en los países de Brasil, Bolivia y Perú. El proyecto uniría el puerto de Santos, Brasil (el océano Atlántico) con el puerto de Ilo, Perú, (en el océano Pacífico) pasando por el territorio boliviano. El 18 de febrero, Ernesto Samper, el Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se encontraba en Bolivia y anunció que la Unasur se ha comprometido "a apoyar el ferrocarril bioceánico que se extenderá desde Perú, pasando por el centro de Bolivia, a el puerto de Santos en Brasil " El proyecto establece que ese corredor se extenderá 3.360 kilómetros, de las cuales, más de 1.600 kilómetros ya estarían construidas en suelo boliviano.El Banco de Desarrollo de China es la Institución Financiera del gobierno chino, que brinda sus servicios financieros principalmente a los sectores de infraestructura, industria y cooperación internacional. Es el mayor banco chino en inversión y financiamiento para exterior y la mayor institución financiera a nivel mundial.Orellana destacó los beneficios sociales, económicos y políticos que conllevaría la conexión de Bolivia al corredor Ferroviario Bioceánico Central exponiendo elementos de factibilidad técnica y económica, asimismo explicó al gobernador y a la delegación del Banco de Desarrollo de China los alcances del Plan de Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica 2025 con los que Bolivia proyecta su crecimiento.El Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) es un proyecto ferroviario, que se ubicará en los países de Brasil, Bolivia y Perú. El proyecto uniría el puerto de Santos, Brasil (el océano Atlántico) con el puerto de Ilo, Perú, (en el océano Pacífico) pasando por el territorio boliviano. El 18 de febrero, Ernesto Samper, el Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se encontraba en Bolivia y anunció que la Unasur se ha comprometido "a apoyar el ferrocarril bioceánico que se extenderá desde Perú, pasando por el centro de Bolivia, a el puerto de Santos en Brasil " El proyecto establece que ese corredor se extenderá 3.360 kilómetros, de las cuales, más de 1.600 kilómetros ya estarían construidas en suelo boliviano.El Banco de Desarrollo de China es la Institución Financiera del gobierno chino, que brinda sus servicios financieros principalmente a los sectores de infraestructura, industria y cooperación internacional. Es el mayor banco chino en inversión y financiamiento para exterior y la mayor institución financiera a nivel mundial.
El interés de un consorcio alemán
El Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC), mejor conocido como tren bioceánico, uniría el puerto de Santos, en la costa atlántica de Brasil, con el puerto peruano de Ilo, en el Pacífico, pasando por Bolivia. Este proyecto, que fortalecería la integración sudamericana y propiciaría el tráfico comercial con Asia, cuenta con el respaldo de la UNASUR.En 2014, China, Brasil y Perú firmaron un memorándum de entendimiento para realizar estudios sobre la viabilidad de la línea ferroviaria transcontinental. El gigante asiático ha mostrado especial interés en financiar el megaproyecto, a fin de reducir los costos logísticos de las exportaciones suramericanas a China, por ejemplo de soja brasileña, evitando tener que rodear el continente por la vía marítima.En el pasado, el tren bioceánico provocó roces entre Bolivia y Perú, puesto que Lima propuso una ruta que no incluía a Bolivia. Por su parte, el presidente Evo Morales ha argumentado que el proyecto sería “más corto y menos costoso” si pasara por su país. El trayecto ferroviario planeado por los peruanos tendría una extensión de 5.000 kilómetros, el de la propuesta boliviana, 3.750 kilómetros.Tras la visita de Evo Morales a Alemania, a finales del año pasado, la realización del tren transcontinental cobró nueva fuerza. El mandatario boliviano informó que un consorcio suizo-alemán está interesado en construir y financiar el proyecto. Este miércoles (13.01.2016), el Secretario de Estado del Ministerio de Transporte e Infraestructura Digital de Alemania, Rainer Bomba, viaja a Bolivia acompañado de una delegación de 20 representantes del sector económico para presentar la propuesta germana. Las inversiones alemanas probablemente también se extenderán a Brasil y Perú.
Siemens y Deutsche Bahn muestran interés
De acuerdo con Judith Eckert, de la Asociación Empresarial para América Latina (LAV, por sus siglas en alemán), Alemania está interesada en participar sobre todo en proyectos del ámbito de la técnica de señalización, de seguridad y de rieles. La experta duda, en cambio, que el suministro de locomotoras y trenes juegue un papel relevante, ya que otros países tienen una ventaja competitiva en ese terreno.En entrevista con DW, Eckert explica que muchas empresas germanas medianas, así como la multinacional Siemens y la principal empresa ferroviaria alemana, Deutsche Bahn, buscan ser parte del Corredor Ferroviario Bioceánico Central. Según informaciones del Ministerio de Transporte e Infraestructura Digital, el Secretario de Estado Bomba se reunirá en Santa Cruz con el presidente Morales, así como con los ministros de Planeación de Desarrollo, de Obras Públicas, Economía y Finanzas, entre otros. El costo de ese emprendimiento se estima en 10.000 millones de dólares.
Fuente: dw.com. Newsletter Mercosur ABC, N° 512, 20/03/2016.
Link: http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=4778&IdSeccion=21
Federalismo ambiental en América Latina
Sin un Federalismo Ambiental bien diseñado, con obligaciones en materia ambiental bien definidas; y distribución de costos y beneficios bien delimitados, ningún acuerdo de reducción de efecto invernadero a nivel nacional podrá cumplirse, señala Fausto Hernández Trillo* en un documento de la CEPAL.
La región de América Latina históricamente ha enfrentado serios problemas de medio ambiente, los que incluyen, entre otras cosas, deforestación, la contaminación generada por industria —manufacturera y extractiva— y el uso desmedido de automóviles en las grandes ciudades con sus consecuencias en contaminación atmosférica, degradación del suelo, sedimentación de las presas y tuberías, mala utilización de pesticidas, así como contaminación de ríos y mares por desechos humanos y las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático.La problemática es compleja y existen buenos diagnósticos y sugerencias de política pública al respecto. Los cambios más recomendados incluyen, entre otras, la delimitación y garantía de los derechos de propiedad, los fiscales (tanto impuestos como subsidios), de inversión pública y de regulación. Un aspecto poco estudiado, sin embargo, es la asignación de las responsabilidades en materia ambiental entre los distintos órdenes de gobierno en la región de América Latina. La literatura al respecto se dirige en mayor medida a los países desarrollados. Para el caso de la región, la debilidad de las instituciones sobre todo a nivel Sub-Nacional es un hecho que debe tomarse en cuenta.En América Latina se ha documentado que los gobiernos sub-nacionales se encuentran más sujetos a la influencia de grupos de poder locales, lo que reduce la efectividad de las políticas públicas. La ambiental no es la excepción. Bevilaqua y Garcia (2002) lo han mostrado para Brasil; Nicolini y Sanguinetti (2002) y Webb (2003) para Argentina y Hernández y Jarillo (2008) para México. Díaz, Magaloni y Weingast (2008) argumentan que, cuando se descentraliza ciertas actividades, el beneficio es que el votante mediano dictará la política local (se asume democracia funcional). Sin embargo, en el caso de oportunismo político y de una democracia disfuncional (falta de transparencia y rendición de cuentas) la descentralización puede arrojar el resultado no deseado. Es decir, concluyen, que las elecciones pueden terminar como un medio de control político más que de expresión ciudadana. Esto debe cuidarse en el caso de la política ambiental.Otro de los aspectos que diferencian una política ambiental en la región con respecto a países desarrollados es la existencia de niveles relativamente altos de pobreza. Y dentro de cada país, existe heterogeneidad entre las comunidades y/o ciudades en cuanto al grado de destitución, pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso Por ello, el diseño federalista en la materia debe también tomar en consideración este aspecto.Por último, la heterogeneidad dentro de cada país se refleja en la presencia de industria relativamente más contaminante debido a la existencia de actividades extractivas de recursos naturales, como puede ser petróleo, minerales, gas, cemento, entre otros. La experiencia general de la descentralización de la política ambiental es ambigua. Esto también se relaciona con la ambigüedad en la asignación de los beneficios de los recursos naturales entre los órdenes de gobierno, los que se relacionan con la política ambiental. Algunos estudios de caso alerta sobre los problemas existentes en países del Mercosur, como Brasil y Argentina.
Brasil
Brasil es el país más grande de la América Latina y el quinto del mundo en términos de extensión territorial, que alcanza los 8’ 511, 996 km²; cuenta con zonas climáticas muy variadas que van desde el trópico húmedo hasta las áreas templadas y semiáridas. Es considerada la Nación que ostenta el mayor patrimonio de biodiversidad del orbe.La Constitución de 1988 introdujo, por la primera vez en la historia del país, un capítulo específico sobre medio ambiente, considerándolo como un bien común del pueblo y esencial a la saludable calidad de la vida, imponiendo al Poder Público y a la colectividad el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras. A nivel nacional, como consecuencia de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo (Rio 1992) fue creada, en el ámbito del Ministerio de la Planificación y el Presupuesto, por el Decreto # 1.160, de 21 de junio de 1994, la Comisión Interministerial sobre Desarrollo Sostenido (CIDES), teniendo entre sus objetivos fundamentales promover la compatibilización entre los principales capítulos y programas de la Agenda 21 (A21, en adelante) y asesorar al Presidente de la República para tomar decisiones sobre las estrategias y políticas nacionales necesarias para el desarrollo sostenido, de acuerdo con la A21. En el ámbito de su competencia está la proposición de estrategias, políticas nacionales e instrumentos legales necesarios para la implementación de las actividades programadas en la A21 y de obligaciones derivadas de acuerdos y convenciones internacionales (referentes al desarrollo sostenido), además de criterios y prioridades nacionales para la obtención de recursos financieros, técnicos y tecnológicos para la implementación de la A21. Así la política Nacional de Medio Ambiente define un arreglo institucional articulado y descentralizado entre todos los entes gubernamentales que constituyen el Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA) (Sobreira de Moura, 2005). Este comprende dos esferas de acción. Primero, de la formulación de la política nacional de medio ambiente (Consejo Nacional de Medio Ambiente, CONAMA) y, segundo, de la articulación interinstitucional (Instituto Brasileiro de Medio Ambiente, órganos sub-nacionales —estaduales— de medio ambiente, Consejos Estaduales y los municipios).En cuanto a la actuación de los Estados, todos los 26 estados más el Distrito Federal disponen de órganos ambientales y así como de fondos de medio ambiente. Veinte de ellos cuentan con una secretaría de medio ambiente y todos han constituido Consejos de Medio Ambiente donde confluye el gobierno y la sociedad civil. CEPAL Federalismo ambiental en América Latina: una revisión 26 En adición, prácticamente todos los estados han redactado y publicado una legislación específica sobre el licenciamiento ambiental, mientras que 24 han introducido una legislación específica sobre recursos hídricos y 18 sobre recursos forestales. Conviene decir, que ante los problemas que se venían observando a inicios de los procesos de descentralización, ha habido un desarrollo institucional importante así como programas de capacitación a nivel de estados y municipios que han graduado gestores ambientales.
Argentina
La República Argentina posee un sistema político institucional federal en el que conviven tres órdenes de gobierno: el nacional, el provincial y el municipal. El sub-nacional se compone de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 provincias y alrededor de 2.171 municipios.Los datos disponibles revelan, como en casi todos los países de Occidente, una participación creciente del gobierno general a lo largo del siglo XX. En la Argentina, pasó de alrededor del 10% del PIB a fines del siglo XIX a alrededor del 35% hacia fines del siglo XX (Porto, 2004).Para coordinarse, en el marco del federalismo ambiental argentino en el escenario previo a la reforma de 1994, se constituyó en 1993 el Consejo Federal del medio Ambiente (COFEMA) y se firmó un Pacto Federal Ambiental. A estos se adhirieron todas las provincias. El objetivo final fue el de formular una política ambiental integral, con una coordinación de estrategias y programas de gestión ambiental regional y nacional, así como la formulación armónica de utilización de los recursos naturales, sobre todo en cuanto al desarrollo económico se refiere. Sin embargo, a partir de la reforma de 1994 la nueva Constitución estableció que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes en sus territorios (art. 124).También incluyó en el artículo 41 lo siguiente: i) todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano; ii) las actividades productivas satisfarán las necesidades presentes sin comprometer el de las generaciones futuras; iii) el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer; iv) corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas; v) se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos peligrosos y de los radioactivos. Estos estipulados fueron la base para la publicación de la ley 25.612 del 3 de julio de 2002. Asimismo sancionó la ley 25.675 el 6 de noviembre de ese mismo año, la que materializó normativamente las disposiciones del nuevo artículo 41, reseñado arriba. Por último, debe especificarse que esta ley dispuso que se debía establecer un sistema federal de coordinación inter-jurisdiccional para la implementación de las políticas ambientales a escala nacional y regional, haciendo referencia al diseño de mecanismos de mitigación de riesgos y emergencias ambientales incursionando en el tema de recomposición (reparación) de los daños causados (Rezka, 2005).Rezka (2005) evalúa la pertinencia de esta legislación y concluye que existe una serie de deficiencias, entre las que más destaca la falta de coordinación entre los órdenes de gobierno y entre las provincias. Esto se debe en parte a la heterogeneidad de la representación provincial efectiva en el COFEMA. Es decir, las provincias no le dieron la misma importancia a la legislación ambiental. Asimismo, afirma que incluso ocasionó conflictos jurisdiccionales. Más aún, se incluyeron en las leyes parámetros incumplibles o de difícil verificación en el nivel sub-nacional.En adición, muchas de las normas se superponen a las legislaciones de las propias provincias.En suma, se redactaron legislaciones difíciles de cumplir con estándares de difícil medición o incluso muy rígidos. En cuanto a los mecanismos compensatorios de reparación de daños, el Fondo de Compensación Ambiental, según Rezka (2005), es en realidad un fondo de garantía colectiva, que no cuenta con mecanismos de coordinación intergubernamental que aseguren el financiamiento compensatorio, o de remediación, por daños ambientales. De esta manera, aunado al desequilibrio fiscal vertical (entre órdenes de gobierno), la falta de coordinación intergubernamental ocasionan una escasa financiación presupuestaria para la conservación del medio ambiente. Asimismo, existe un desequilibrio horizontal en cuanto al esfuerzo de coordinación fiscal ambiental que la mayoría de las provincias argentinas realizan.
* Consultor de la Unidad de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Texto parcial de Federalismo ambiental en América Latina: una revisión, de la Colección de Estudios del Cambio Climático en América Latina.
Fuente: Newsletter Mercosur ABC, N° 510, 18/02/2016.
Link: http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=4759&IdSeccion=7
Integración regional: desarrollo e inserción internacional para estos sures
Leonardo Granato*
Invitados por la coordinación del Diploma Superior en “Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional” ofrecido por el Área de Estado y Políticas Públicas de FLACSO Sede Argentina, pensamos en efectuar una breve reflexión académica sobre el tema que nos convoca: la integración regional.
Ya de por sí, hablar de integración entre Estados no es una tarea fácil, menos aún si pensamos que la finalidad de esa integración es gestionar presuntos intereses compartidos por Estados soberanos, y menos aún, todavía, cuando nos proponemos desafiar aquella literatura convencional, muchas veces de inspiración norteamericana y europea, que privilegia el análisis de la dimensión económica de la integración regional, adoptando una visión propia, latinoamericana y emancipadora que nos proporcione elementos analíticos e interpretativos diferenciados.El propio Guillermo O’Donnell ya argumentaba que el problema con las teorías extranjeras era que muchas de ellas obturaban el peso de la especificidad de la propia historia. De esta forma, buscamos explicar la integración en la región no solo por oportunidades o restricciones sistémicas, sino, además, y principalmente, a partir de nuestra propia historia, y de los factores estructurales de desarrollo, igualdad y autonomía que, según José Paradiso, explican el “ideal unificador” que América Latina sostiene hace ya más de 200 años.Asumir que, como decía Aldo Ferrer, el dilema de desarrollo e inserción internacional de nuestros países no es nada nuevo, que como expresara Juan Archibaldo Lanús, lejos de ser una fórmula, la integración es una política, y que conforme describiría Celso Furtado, la integración es una política avanzada de desarrollo, nos vincula con dos cuestiones relacionadas al concepto de integración a la luz del cual debemos analizar las experiencias contemporáneas de aproximación entre los países de nuestra región.En primer lugar, lo mencionado por estos autores nos remite al hecho de que en un contexto en el que el movimiento natural de los Estados es el de “cerrarse” dentro de sus fronteras con miras a la auto-preservación y supervivencia, la integración regional, en tanto proceso que demanda compatibilizar intereses nacionales de Estados soberanos, emerge como un contra-movimiento producto de la voluntad y racionalidad política de los gobiernos involucrados. En este sentido, la búsqueda de una convergencia entre los diferentes objetivos, intereses y expectativas de los Estados partes del emprendimiento regional, y la creación de mecanismos institucionales a través de los cuales canalizar las diferencias y conflictos entre los mismos, revela, sin dudas, la complejidad de la integración, y nos permite contrabalancear visiones simplistas que restringen los “avances” de estos procesos a la “ausencia” de conflictividad.En segundo lugar, las expresiones de Ferrer, Lanús y Furtado nos vinculan con la premisa que la naturaleza política de la integración en América Latina también está relacionada con la idea de articular una “defensa conjunta” frente al propio sistema capitalista que colocó a los países del continente, frágiles y con estructuras productivas desarticuladas, en la periferia de la geopolítica mundial. De esta forma, a través de la integración regional, los Estados periféricos latinoamericanos tratarán de buscar una mejor adaptación al sistema actuando juntos e intentando reducir, de esa forma, sus vulnerabilidades y dependencias externas.Partiendo de la clásica concepción de la CEPAL sobre las relaciones “centro-periferia” que da cuenta de un mundo asimétrico y desigual, y de la importancia de combatir una división internacional del trabajo desfavorable a la industrialización y al desarrollo endógeno de la periferia, las décadas de 1970 y de 1980 en nuestra región fueron testigo de una fecunda producción intelectual que se cuestionaba acerca de las condiciones que los países de América Latina tenían para conducir sus políticas exteriores de un modo más “autónomo”, en el marco de una tentativa de formular posibles mecanismos para contribuir con ese combate. De la misma manera, y en contextos diversos, teóricos de la talla de Dussell, Quijano o Mignolo ya nos advertían sobre el ejercicio de dominación ejercido por los países centrales sobre los periféricos, no limitándose al campo económico, y extendiéndose, a través de la denominada “ideología colonialista” a los campos cultural, social y político.De esta forma, asumiendo una cosmovisión del mundo favorable a las posibilidades reales de desarrollo, de igualdad y de autonomía de nuestros pueblos, y concibiendo la integración regional como una herramienta asociada con la ruptura con el colonialismo y orientada a revertir el estado de periferismo y fortalecer las capacidades estatales, nos orientamos a construir nuevos entendimientos sobre la integración regional en el Sur, con la expectativa de contribuir con la manera de pensar la política de integración regional, así como con la manera de mejorar su funcionamiento y potencialidades, y su articulación con el resto de las políticas públicas orientadas al desarrollo de un país.Como ya alertaba Juan Carlos Puig en la década del 80, la integración regional deberá impulsarse en todas sus diversas formas posibles, y no únicamente en su dimensión económica, apelando a una concepción “integral” de la integración que favorezca la creación de valores y objetivos compartidos y el fortalecimiento de las capacidades estatales. En sintonía con estas ideas, Helio Jaguaribe, en Brasil, en diálogo con el propio Ferrer, con Theotonio dos Santos, entre otros autores del pensamiento crítico de la época, también nos advertía sobre la importancia de poner en marcha un modelo autónomo de integración y desarrollo.Situándonos ahora en nuestro Cono Sur, estos principios que, en esencia, y con ciertos matices, rigieron el proceso de aproximación inicial de Argentina y Brasil en la década del 80, convertido luego en Mercosur, fueron abandonados en razón de las directrices neoliberales adoptadas en los años 90, y retomados en el siglo XXI. De esta forma, el trípode “política exterior, integración y desarrollo interno” nos permite efectuar un abordaje inicial de la integración sudamericana contemporánea, sobre todo a partir de las políticas exteriores de Brasil y de Argentina que tenían en la estrategia de desarrollo e inserción autónoma, su núcleo central.Uno de los principales objetivos del Mercosur revelados a partir de 2003 fue la construcción de un espacio regional común que, además de ampliar las oportunidades de generación de empleo, inversiones, energía, infraestructura y comercio, se constituyera, en términos de Daniel García Delgado, en una verdadera estrategia de desarrollo productivo y bienestar social. Este es, en definitiva, el modelo de inserción que ha venido impulsando la alianza argentino-brasileña, con expresivo apoyo del resto de los países miembros, y materializado en los llamados “Consenso de Buenos Aires” y “Compromiso de Puerto Iguazú”, de octubre de 2003 y noviembre de 2005, respectivamente.De esta forma, este “cambio de visión” en la forma de concebir y organizar el Mercosur, y las políticas consecuentes, tuvieron un fuerte impacto en la praxis, por ejemplo, institucionalidad del bloque, así como en la teoría, ofreciéndonos nuevos elementos para pensar la integración, no como instrumento de mercado y sí como instrumento político. La separación entre política e integración típica de los años 90 sólo reforzó una mirada reduccionista de la integración regional, concebida como mero instrumento de liberalización comercial.Valores como la reciprocidad, la solidaridad y el reconocimiento de las grandes asimetrías y desigualdades nacionales y sociales dentro de cada país y del bloque de integración como un todo, también fueron expresión de un nuevo entendimiento en este campo en construcción. En un contexto de crisis mundial y regional, de fragmentación y de dificultades en la gestión del Mercosur, fomentado en muchos casos por aquellos que tienen una visión restrictiva de la integración y quieren “reducir” al bloque a un área de libre comercio; una mirada comprometida con valores contribuye a entender la necesidad de afianzar la integración del Mercosur, avanzando en la definición e implementación de una nueva agenda que posibilite conciliar diferencias en los objetivos, conflictos y desavenencias; superar las desigualdades y asimetrías; favorecer la convergencia de políticas públicas de desarrollo con inclusión social; y consolidar una estrategia de desarrollo e inserción autónomas, no subordinadas, en el sistema internacional.Finalmente, en esa “apuesta” por más integración, los espacios académicos y universidades están llamados a cumplir un rol fundamental; rol que debe estar comprometido con la enseñanza e investigación de todos los aspectos y dimensiones de la integración regional, y que nunca debe perder de vista las necesidades y proyectos de nuestras sociedades latinoamericanas.
*Leonardo Granato, Docente colaborador invitado del Diploma Superior en “Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional”
La nueva agenda de desarrollo sostenible de los próximos 15 años
En 2016, entró oficialmente en vigor la histórica decisión de 193 países para transformar el mundo en beneficio de las personas y el planeta, comenta CEPAL en un comunicado de prensa.
El nuevo año marca el inicio de la puesta en marcha oficial de la audaz y transformadora Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por los líderes mundiales el pasado septiembre en las Naciones Unidas. La nueva Agenda exhorta a los países a dar comienzo a las actividades para cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) durante los próximos 15 años.“Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los líderes del mundo y las personas”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. “Son una lista de cosas que hacer en beneficio de las personas y el planeta y un plan para el éxito”.Los ODS, aprobados de manera unánime por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas en una cumbre histórica celebrada en septiembre de 2015, abordan las necesidades de las personas de los países desarrollados y en desarrollo, haciendo hincapié en que no debe dejarse a nadie atrás. De alcance amplio y ambicioso, la Agenda atiende a las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental, así como importantes a aspectos relacionados con la paz, la justicia y las instituciones eficaces.La movilización de medios de aplicación, entre ellos recursos financieros, desarrollo y transferencia de tecnología y desarrollo de la capacidad, así como el papel de las alianzas, también se reconocen como esenciales.Muchos consideran la conferencia de París sobre el cambio climático la primera prueba de la voluntad política para aplicar la Agenda. “El Acuerdo de París es un triunfo para las personas, el planeta y el multilateralismo. Por primera vez, todos los países del mundo han prometido reducir sus emisiones, reforzar la resiliencia y actuar a nivel internacional y nacional para hacer frente al cambio climático. Al abordar el cambio climático, estamos impulsando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas.Hacer realidad esta visión es responsabilidad principalmente de los países, pero también requerirá nuevas alianzas y solidaridad internacional. Todo el mundo tiene interés en ello y todo el mundo tiene una contribución que hacer. El examen de los avances tendrá que llevarse a cabo periódicamente en cada país, con la sociedad civil, las empresas y los representantes de varios grupos de interés. A nivel regional, los países compartirán experiencias y tratarán asuntos comunes, mientras que con carácter anual en las Naciones Unidas, el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) hará balance de los progresos a nivel mundial, identificando las deficiencias y cuestiones emergentes y recomendando medidas correctoras.Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas de la nueva agenda se supervisarán y examinarán utilizando un conjunto de indicadores mundiales. Estos se compilarán en un informe anual sobre los progresos realizados en los ODS.
Para más información, visite www.un.org/sustainabledevelopment
Fuente: Newsletter Mercosur ABC, N° 510, 18/02/2016.
Mercociudades aunó posiciones en la garantía del acceso al hábitat
Aplicación de la ley de acceso justo al hábitat, proyectos regionales, trabajo mancomunado de desarrollo social, urbano y medioambiental en la Red, fueron algunos de los ejes de trabajo hacia el documento de Quito.
Un encuentro que reunió a delegados de Mercociudades, funcionarios de gobierno nacionales y expertos, trabajó el 3 y 4 de setiembre en el Telégrafo, en Esteban Echeverría, sobre la “Nueva Agenda Urbana" que la organización regional llevará a la Conferencia de UN de 2016, Hábitat III. El segundo día de la jornada tuvo como objetivo principal avanzar en la elaboración del proyecto a presentar en la Tercera Conferencia Internacional del Hábitat, a desarrollarse en Octubre de 2016 en Quito Ecuador, mediante la elección de la problemática principal a tratar.
Cooperación internacional
La primera disertación correspondió a Victoria Giacone de la Dirección de Inversión y Cooperación Internacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, y a Florencia Almansi, del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina. La primera realizó una breve presentación de las tareas de su área, para luego exponer sobre diversas oportunidades de cooperación para municipios en la temática de desarrollo social urbano. Éstas incluían desde diversas organizaciones o programas que proveen financiamiento para proyectos, hasta becas e intercambios de expertos.
Planteó diversas estrategias de cooperación para obtener financiamiento:
-Cooperación Sur-Sur/ Cooperación triangular (país del norte y países del sur).
-Promoción de articulación de actores para el desarrollo del proyecto
-Establecimiento de relaciones con países asiáticos: China, Corea y Japón.
Ley de Acceso Justo al Hábitat
Por su parte, Florencia Almansi presentó el proceso de aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, que incorporó las formas de acceso al hábitat de los sectores populares. A su vez, reconoce la emergencia habitacional, y promueve diversos instrumentos para paliarla tales como viviendas sociales, programas de créditos, cesión de suelos, etc. La Ley aún no es aplicada en todos los municipios, y el aumento del valor del suelo producido por las políticas de vivienda, amerita la incorporación de la regulación de los precios de la tierra, tal como lo señaló el Director de Planeamiento Urbano de Esteban Echeverría.
Avances y acuerdos
En una reunión en donde destacó la participación de ciudades de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, se logró el trabajo articulado de la Unidad Temática de Desarrollo Social con las Universidades UNTREF y UBA. Y se destacó la transversalidad del trabajo entre Unidades Temáticas de Mercociudades. En cuanto a los acuerdos en el trabajo hacia el documento, que obliga a la búsqueda de nuevas coordinaciones hacia dentro de Mercociudades, se definieron como ejes más relevantes para dar continuidad a Proyectos Regionales desde la UTDS, la articulación Metropolitana de las Políticas Públicas (Específicamente las Políticas Sociales Urbanas), por un lado. Por el otro, la educación y formación en acceso a Derechos (formación a agentes municipales y acceso real de la población a la información). Se acuerda incorporar al Banco de buenas prácticas existente, todas las iniciativas mencionadas en la reunión sobre Políticas Sociales Urbanas. El municipio de Esteban Echeverría, fue apoyado en su candidatura para proseguir con ese trabajo en 2016, así como Canelones para la subcoordinación de la UTDS. Asimismo se consensuó que los temas vinculados a Economía Social y Solidaria, sean articulados con la U.T. Desarrollo Económico Local de la Red, para no superponer temas. Asimismo se propuso para el próximo encuentro hacia Hábitat III, integrar formalmente a las U.T. de Desarrollo Urbano y Ambiente y Desarrollo Sostenible en una posible futura reunión.
Fuente: Newsletter Mercosur ABC, N° 500, 18/09/2015.
2016: viento de frente para América Latina
Pensando en el año que comienza, la agenda económica internacional está dominada esta semana por tres temas: (a) la suba de la tasa de política monetaria en Estados Unidos en un contexto de políticas monetarias expansivas en el resto del mundo emergente, (b) la desaceleración de China y (c) la caída en el precio de los combustibles (y otros commodities) y su efecto sobre el nivel de actividad global, afirma en su trabajo Ramiro Albrieu*.
Sobre el primero punto, sabemos que la normalización monetaria norteamericana había comenzado con el retiro gradual de los programas masivos de estímulo monetario a lo largo de los últimos dos años; ahora le toca el turno a la tasa de interés, que subió en diciembre por primera vez desde el año 2006. La suba fue de apenas 25 puntos básicos aunque se esperaba que sea el comienzo de un proceso gradual que continuaría en marzo de 2016. Sin embargo, una nueva ola deflacionaria y de anemia de crecimiento en el frente doméstico y programas expansivos de política monetaria en el resto del mundo avanzado podría llevar a retrasar unos meses la decisión de subir nuevamente la tasa en la primera parte del año.El segundo elemento que oscurece el panorama global es China. Allí hace años se discute la capacidad de la planificación estatal (y más específicamente del Partido Comunista Chino) para controlar las fuerzas de mercado. En años pasados se trataba de los mercados para los factores productivos, dado que tanto el costo del capital como el del trabajo se encuentran aun severamente distorsionados por la política pública; ahora es el turno de los mercados financieros. En los últimos días el mercado accionario de Shanghai se hundió un 25%, la cual ha ido acompañado de una fuerte fuga de capitales –a pesar de los controles gubernamentales-, de manera que también la capacidad para manipular el Yuan está en duda. De fondo, el interrogante es si una economía que en diez años multiplicó por cuatro el share de la clase media puede detener o retrasar la ampliación de los derechos individuales, como es el caso de participar libremente en los mercados.El tercer tema de relevancia en el panorama mundial se relaciona con el precio de las materias primas y el petróleo en particular. En efecto, el precio del barril parece no encontrar piso y los cambios en la oferta (la aparición del shale en Estados Unidos, el cambio de estrategia de Arabia Saudita y el fin de las sanciones a Irán) apuntan a mayores ajustes a la baja en el futuro inmediato. Aquí el principal efecto directo opera sobre las cuentas externas y fiscales de los países exportadores de petróleo, muchos de los cuales están teniendo dificultades para ajustarse a los menores precios (notablemente Rusia y Venezuela). Un segundo efecto negativo se refiere a la salud financiera de las empresas que operan en el sector, que deben encarar un proceso de desinversión en un contexto –en muchos casos- de sobre apalancamiento. A la vez, los países importadores de petróleo, beneficiados por la baja, no lograr traducirla en un impulso al nivel de actividad, porque se trata de países donde dominan las fuerzas recesivas. Los tres efectos, más las dificultades en los países emergentes asociados a la apreciación del dólar que comentamos más arriba, confluyen para que los deprimidos precios de las materias primas signifiquen malas noticias para los mercados financieros, que ya han tomado nota ajustando hacia abajo frente a los últimos desarrollos.Uno de los países que se encuentra en el centro de la escena –y no por buenas razones- es Brasil. Allí se espera que el nivel de actividad se contraiga un 3.5% en 2016 (había caído un 3.8% en 2015) y la inflación minorista se ubica ya en niveles de dos dígitos. El escándalo de Petrobras y la inestabilidad política tampoco ayuda en un panorama que seguramente traerá noticias en los próximos meses.
* Investigador del CEDES, Observatorio Económico de la Red Mercosur
Fuente: Newsletter Mercosur ABC, N° 509, 4/02/2016.
UNASUR
Unasur pide diálogo en Venezuela por la ley de amnistía
El papa Francisco insta a los líderes venezolanos a “buscar el diálogo y la colaboración entre todos”
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, pidió ayer a los líderes políticos venezolanos iniciar un “diálogo” ante “el inminente choque de trenes” por la ley de amnistía. “Unasur recoge la solicitud del Papa por la paz y reitera su propuesta de diálogo institucional”, escribió Samper en su cuenta oficial de Twitter. El papa Francisco instó a los líderes venezolanos a “buscar el diálogo y la colaboración entre todos”. “La cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único que puede asegurar es el bienestar espiritual y material de los ciudadanos”, dijo en su mensaje de Semana Santa. La Asamblea Nacional aprobó una declaración de apoyo al llamamiento del Papa, en un paso inédito, ya que contó con el apoyo tanto de la oposición como del chavismo. “¡Milagros hay!”, dijo el presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup.El Parlamento dio luz verde a la ley de amnistía el pasado martes. Esta permitirá salir de prisión a 78 presos políticos, entre ellos Leopoldo López. Pero el presidente Nicolás Maduro ya adelantó que vetará la norma. No obstante, Maduro tiene dos opciones: devolverla a la Asamblea para que la modifique o recurrir al Tribunal Supremo para que la declare inconstitucional. Los magistrados del Tribunal han sido designados por el chavismo y no han fallado nunca en contra del Gobierno desde 2004.
Fuente: Diario El País, España. 01/04/2016
Link: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/02/america/1459548431_892409.html
Celac y Unasur rechazan el Decreto de Barack Obama
La canciller, Delcy Rodríguez, dijo que los pueblos del mundo reconocen la vocación pacífica de Venezuela.
Caracas.- Como medida “injerencista” califican la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la prórroga de un año del decreto emitido por el presidente norteamericano, Barack Obama, que considera a Venezuela como una amenaza extraordinaria para la nación estadounidense. “No concebimos que uno de nuestros países miembros sea una amenaza para el país más poderoso del mundo (…) Es preciso mantener una política de unión en la Celac a fin de derrotar este tipo de acciones que atentan contra la soberanía de nuestras naciones”, contiene parte del comunicado leído en la X Reunión de Cancilleres de la Celac, realizada en Santo Domingo, capital de República Dominicana.Durante el evento, donde participó la canciller de la República, Delcy Rodríguez, se acordó la agenda 2016 que incluye entre otras actividades encuentros sobre la seguridad alimentaria, narcotráfico, desigualdad de género, educación, migraciones, ciencia y tecnología, la defensa de los recursos naturales, producción e intercambio comercial. Durante el desarrollo del encuentro diplomático, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentó el documento “Análisis de la Situación de América Latina y el Caribe, donde se detalló el comportamiento de las economías de los 33 países que integran la Celac. Al evento asistieron los cancilleres de Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití. También Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Uruguay y Venezuela. El canciller dominicano, Andrés Navarro, aseguró que la Celac es un “espacio que no solo mira las oportunidades de la región, sino que está estudiando oportunidades que se pueden generar en las relaciones con otras regiones y países”.
Economías diversas
Los miembros del organismo plantearon la necesidad de diversificar las economías a través de los servicios financieros internacionales, en un marco fuera de las áreas tradicionales de la agricultura y la manufactura, según el comunicado. “Hacemos un llamado a un dialogo constructivo a fin de reexaminar la lista en base a un criterio objetivo y a los compromisos implementados por los países, de acuerdo a los estándares aprobados por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines de Impuestos”, refiere el comunicado final de la reunión.Además, se elaboraron las agendas que la Celac desarrollará en la relación inter-regional y fue programada para octubre una reunión de cancilleres latinoamericanos y caribeños con los de la Unión Europea y habrán diálogos independientes con China, Japón, Turquía, India, Corea y Rusia.
Posición de Unasur
Por su parte, este sábado la Unión de Naciones Suramericanas a través de un comunicado publicado en AVN, sostiene que “la prolongación de la vigencia de la orden Ejecutiva de EE.UU. soslaya sin ninguna consideración la solicitud de derogatoria que Unasur planteó de la misma”. Asimismo, el organismo internacional apela a que los “Gobiernos se abstengan de aplicar medidas coercitivas unilaterales que contravengan el Derecho Internacional y perturben un diálogo institucional que permita al pueblo de Venezuela conciliar y superar diferencias sin intervenciones ni presiones foráneas”. Representantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) también hicieron pública una comunicación, donde se une al rechazo del decreto de Estados Unidos contra Venezuela, que fue renovado por el presidente Obama el pasado 3 de marzo. En 2015 diversos organismos internacionales solicitaron la derogativa del decreto del gobierno estadounidense.
Fuente: Diario El Universal. Venezuela 02/04/2016.
Link: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/celac-unasur-rechazan-decreto-barack-obama_247786
AMERICA LATINA
Unasur: diálogo con el ELN es vital para la paz en Colombia
Este miércoles el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN anunciaron en Caracas el inicio de un proceso de paz, para lo cual instalarán una mesa de negociaciones en Ecuador, sin detallar ni fecha ni lugar. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sostuvo este miércoles que el inicio de las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es "la pieza que faltaba" para completar el proceso de paz en ese país. "El anuncio del inicio de conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la pieza que faltaba para completar el proceso de paz que actualmente está avanzando en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)", señaló el organismo en un comunicado. La Unasur cree que los resultados de las conversaciones "se puedan articular a la mayor brevedad con los logros muy importantes conseguidos en La Habana", donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) negocian desde 2012 un acuerdo de paz con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
En contexto
Colombia comenzó un proceso de paz en el 2012 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo (FARC-EP) con quienes han logrado grandes avances en la materia. El 23 de septiembre pasado, las FARC-EP y el Gobierno de Colombia lograron un acuerdo parcial en el proceso de paz que se discuten en La Habana, Cuba. Allí fueron preacordados 10 puntos, entre ellos la dejación de armas por parte de las FARC-EP, instauración de un Tribunal de Justicia Transicional, respuesta a las víctimas del conflicto, investigar y dar con los responsables del Ejército, la insurgencia o grupos paramilitares; dar amnistía en algunos casos y cese al fuego.
Fuente: TeleSurTV. 30/03/2016
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección: http://www.telesurtv.net/news/Unasur-dialogo-con-el-ELN-es-vital-para-la-paz-en-Colombia--20160330-0073.html
Venezuela asumirá riendas de la Unasur y el Mercosur
Por seis meses, desde julio, liderará la alianza económica.
Mariela Acuña.- Venezuela asumirá, por primera vez, la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), durante una cumbre que prepara Ecuador y que se celebrará en Quito, ciudad sede del organismo. Aunque la fecha está por definirse, se espera que se realice en abril. La Unasur, integrada por 12 países miembros, rota la presidencia pro tempore por orden alfabético y por períodos de un año. Desde la aprobación del Tratado Constitutivo en 2008, siete de los 12 países han asumido el cargo; el primero fue Chile.
El exvicepresidente del Parlatino, capítulo Venezuela, Roy Daza, dijo a Últimas Noticias, que nuestro país al asumir el cargo “contribuirá al fortalecimiento del sistema democrático de cada uno de los países que conforman la Unión”. “Unasur seguirá teniendo un papel significativo en el respeto de la soberanía y la democracia, pero también en la agenda política podría solicitar al Gobierno de Estados Unidos que deje de intervenir en los asuntos políticos de cada uno de los países del bloque”, afirmó. Sin embargo, más allá del tema político, Daza considera que la agenda que se desarrolle en los 12 meses al frente del organismo debe centrarse en la búsqueda de soluciones a la crisis económica. “En un momento en que distintos países del área atravesamos una situación económica muy delicada, la presidencia de parte de Venezuela va a contribuir a encontrar espacios de debate para resolver de manera conjunta los graves problemas económicos que afrontamos”, indicó. En su opinión, la agenda debe impulsar el desarrollo del Banco del Sur y el Fondo de Estabilización Macroeconómica y establecer cadenas productivas que contribuyan a la integración. Por su parte, el exdirector de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Félix Arellano, aseguró a ÚN que si el país desea “perfeccionar Unasur, la agenda debe incluir la mayor cantidad de temas delicados para la región que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, con la participación de los sectores sociales y de las ONG en los procesos de tomas de decisiones”. Recordó que el tema central del bloque regional “es promover el diálogo y la inclusión”. “Unasur es una institución importante para el diálogo político, si el gobierno de Venezuela no promueve el diálogo, si el gobierno de Venezuela no cree en el diálogo con sectores de oposición o con gente diversa, no le va a hacer fácil conducir Unasur”, advierte. Arellano no descarta que el bloque “esté llamado a propiciar el diálogo en Brasil si la situación política se agrava”. La presidencia del organismo se encarga de preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos, representa a la unión en eventos internacionales, asume compromisos y firma declaraciones con terceros, previo consentimiento de los órganos correspondientes. Además, asume la dirección de los ocho consejos ministeriales (Salud, Desarrollo Social, Infraestructura y Planeamiento, Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación; sobre el Problema Mundial de las Drogas, Defensa, Economía y Finanzas, y Energético). Alianza económica. Unos meses más tarde, en julio, por segunda vez, Venezuela asumirá la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur (Mercosur), organismo al que ingresó como miembro pleno en 2013, y que integra junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En este organismo, Arellano afirma que el país asume “el reto más serio y duro”, ya que la alianza económica “debe tomar decisiones duras”. “El reto de presidir Mercosur es estos momentos, técnicamente hablando, es muy grande y duro... hay una agenda técnica muy delicada que se ha venido postergando y postergando y los tiempos se están agotando”, señaló. Entre estos temas pendientes, Mercosur tiene que “perfeccionar la zona de libre comercio, la unión aduanera, concluir la negociación de 12 años con la Unión Europea y armonizar políticas”, refirió. Señaló que la crisis en Brasil no hace de este el mejor momento para la toma de estas decisiones. Venezuela tendrá la presidencia del bloque por los próximos seis meses desde julio próximo cuando recibirá la presidencia pro tempore de manos de Uruguay. Arellano señaló que “puede ser una presidencia que no entre en los temas serios ni aborde la crisis, seis meses que pudieran pasar sin pena ni gloria o pudieran ser seis meses con temas muy serios por abordar”. Al contrario, Daza destaca que el presidente Nicolás Maduro “conoce muy bien todo el proceso de integración” y confía en que con Venezuela al frente “la agenda de cooperación estará abierta. El Mercosur es el espacio más importante desde el punto de vista comercial y de intercambio que tiene la región”. El exdiputado no duda de que, paralelamente a Unasur, la región saldrá de la crisis económica que atraviesa. A fin de asumir la presidencia, el Gobierno nacional viene realizando una serie de reuniones interministeriales que continuarán hasta julio. El objetivo de estos encuentros es “seguir fortaleciendo y consolidando la unión suramericana mediante la integración y el apalancamiento de las plataformas productivas del bloque en beneficio de los pueblos”, según ha señalado la Cancillería venezolana en notas de prensa. En julio del año 2014, el país entregó la presidencia del bloque a Argentina, con el logro de impulsar la creación de una zona económica entre el Mercosur, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y Petrocaribe.
Fuente: Diario El Mundo, Venezuela. 28/03/2016.
Respaldo a Dilma Rousseff
Secretario de Unasur admite que demorará apoyo a Brasil
La declaración que Uruguay promueve entre los países de la Unión de Naciones del Sur (Unasur) para dar un respaldo explícito a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está siendo analizada por los gobiernos del bloque y es probable que demore aún unos días en haber un pronunciamiento.Esto lo confirmó ayer el secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, en diálogo con el programa radial Pisando Fuerte de Metrópolis FM."Los pronunciamientos de carácter colectivo se calientan a fuego lento, (los gobiernos) tienen que analizar párrafo por párrafo. Nos sirven estos procesos porque cuando salga, se busca que contemple todos los elementos que se quiere contemplar y sea apoyo institucional, de convicción y principios", expresó a la emisora.La semana pasada el presidente Tabaré Vázquez, en su condición de presidente pro témpore de la Unasur, promovió una declaración en apoyo a Rousseff que hizo circular entre los países del bloque.
Paraguay.
Pero el miércoles último Paraguay, a través de su vicecanciller Óscar Cabello, anunció que no suscribirá la declaración. "No intervenimos en los asuntos internos de los países", dijo Cabello. "Paraguay no cree conveniente que se saque ningún tipo de pronunciamiento ni a favor ni contra de nadie. Nos ajustamos al respeto de la soberanía de los países. No apoyamos ese tipo de comunicados", agregó en Asunción.El jueves 17, en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el canciller Rodolfo Nin Novoa señaló que el gobierno se encontraba "metido hasta el caracú" en las negociaciones para acordar una declaración a favor de Rousseff.La movida de Vázquez en busca de apoyos en la región para el tambaleante gobierno de Rousseff había recibido el apoyo del Frente Amplio —que volvió a apuntar contra los medios de comunicación, en este caso de Brasil, acusándolos de desestabilizar las instituciones—, pero fue criticada por los líderes de la oposición, que reclamaron que se deje actuar al Parlamento y a la Justicia.Vázquez y Nin Novoa ajustaron una declaración en la que hacían un llamado "a las fuerzas del orden" y a "todas las instituciones constitucionales" de Brasil "a respaldar al gobierno legítimo" de Rousseff y la "voluntad popular expresada en las urnas". Nin Novoa dijo a la salida de la comisión del Senado que tenía información de "acuartelamiento" de tropas.El viernes 18 la Cancillería divulgó una declaración en la que señalaba que el gobierno uruguayo es "fiel defensor del principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados", "respetuoso del Estado de Derecho y los valores democráticos", y expresaba el deseo de que los problemas en Brasil se resuelvan "en el marco del régimen democrático, a través del diálogo y el fortalecimiento de las instituciones".
Argentina.
Ese viernes, la canciller de Argentina, Susana Malcorra, se pronunció sobre la situación en Brasil en el mismo sentido en que lo hizo el vicecanciller paraguayo.Malcorra dijo que ve con "preocupación" la crisis política en Brasil y pidió que esta se resuelva dentro de un marco de respeto a las instituciones de la democracia."Lo que sí deseamos, y estamos hablando de esto con nuestros colegas en el Mercosur, es que lo que ocurre en Brasil se resuelva dentro del marco de la democracia, con respeto a las instituciones", afirmó Malcorra.A su vez, la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, también manifestó su preocupación por la situación en Brasil, y sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri espera que la situación "se resuelva dentro de las instituciones que la Constitución brasileña prevé".
Fuente: Diario El País, Uruguay. 26/03/2016
Link: http://www.elpais.com.uy/informacion/unasur-admite-demorara-apoyo-dilma.html
NOTICIAS DEL MUNDO
Europa comenzará mañana a expulsar a los refugiados a Turquía pese a las críticas de Acnur y numerosas ONG.
Las organizaciones que asisten a los solicitantes de asilo en la frontera de la UE aseguran que Ankara practica devoluciones forzosas. España estudia reubicar a 6.565 personas.
BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) pondrá en marcha a partir de mañana su plan para devolver y readmitir sirios desde Turquía pese a las críticas la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de numerosas ONG. El Parlamento griego aprobó este viernes la ley que reforma el proceso de demanda de asilo y regula la devolución de inmigrantes a los llamados "países seguros", pero sin mencionar expresamente a Turquía entre ellos, por la oposición dentro de la propia Syriza.Ankara, en cambio, aún tiene que hacer las modificaciones legislativas necesarias para asegurar que no se producen las llamadas devoluciones en caliente, prohibidas por el Derecho europeo e internacional.El mecanismo que la UE espera aplicar desde mañana es uno de los elementos del acuerdo con Turquía, el conocido como "uno por uno", según el cual el bloque comunitario admitirá a un sirio por cada sirio deportado a Turquía desde Grecia en un intento por desalentar las vías irregulares de llegada a territorio comunitario. España podría acoger a 6.565 refugiados. La Comisión Europea (CE) no ha precisado por el momento qué Estados miembros estarían dispuestos a acoger a esos sirios llegados desde Turquía. El Ministerio español del Interior, en cambio, adelantó este miércoles que estudia asumir un cupo de 6.565 refugiados.En cuanto a las críticas vertidas sobre el plan, la CE dijo esta semana que se las toma "muy en serio" y aseguró que está adoptando medidas para responder a ese problema.ACNUR denunció el viernes la degradación creciente de los centros en las islas griegas donde se retiene a los refugiados, y advirtió de que la situación puede descontrolarse si las autoridades de la UE no actúan con prontitud. Solo en el centro de Moria, en Lesbos, hay unas 2.300 personas, cuando la capacidad es para 2.000. "La gente duerme al raso y la comida es insuficiente", denunció Melissa Fleming, portavoz de ACNUR.El acuerdo alcanzado entre la UE y Ankara el pasado 18 de marzo permite expulsar hacia Turquía, que ya acoge a casi tres millones de refugiados, a toda persona que llegue de forma irregular a territorio comunitario tras considerar caso por caso para ver si tiene derecho a recibir asilo. No obstante, durante este periodo el solicitante de asilo deberá permanecer detenido en un centro de internamiento.ACNUR, otras ONG y entidades como Médicos Sin Fronteras (MSF) no participan en el proceso porque le consideran injusto e ilegal y a la política europea de retener contra su voluntad a los solicitantes de asilo. Sobre las acusaciones a Ankara de que practica expulsiones forzosas, la CE dice que no tiene una confirmación real de que así sea, aunque asegura que hace las verificaciones necesarias.La portavoz comunitaria Mina Andreeva subrayó este viernes que la devolución a Siria de personas con derecho al asilo es "una línea roja que no se puede cruzar", y recordó que el comisario europeo de Migración e Interior, Dimitris Avramópulos, viajará mañana a Ankara para abordar la aplicación sobre el terreno del plan acordado y tratar estas cuestiones.Bruselas reconoce que existen "algunos problemas" en la puesta en marcha del acuerdo y que las partes colaboran para asegurar su resolución. Parte de las complicaciones para que funcione el plan tienen que ver con la falta de personal en las islas griegas. Los Estados miembros deben aportar 2.500 funcionarios para apoyar la labor de las autoridades griegas.Por el momento, la agencia europea de fronteras Frontex ha recibido compromisos para 44 expertos en readmisión y 700 profesionales para el retorno, según el Ejecutivo comunitario. La oficina de asilo Easo cuenta con 452 expertos prometidos por los Estados miembros, 32 de los cuales serán desplegados el próximo lunes.
Fuente: Diario Publico.es, España. 03/04/2016
Link: http://www.publico.es/internacional/europa-comenzara-manana-expulsar-refugiados.html
Impeachment o guerra abierta por el control económico
El juicio político al que está sometida Dilma Rousseff va más allá de la legalidad o no de las acusaciones de crimen de responsabilidad. Un discurso elaborado por diversos economistas señala como la crisis económica sería suficiente argumento para justificar el cese de la presidenta.
SAO PAULO.- Apenas quince días después de ganar las elecciones, Dilma Rouseff sufrió su primera amenaza de impeachment. Venía de la oposición, concretamente de su contrincante, Aécio Neves (PSDB) que había perdido los comicios por un 1,6% de los votos. En aquel momento la justificación para un juicio político fue la de "fraude electoral". Meses después comprobaron que la acusación no era cierta, pero las peticiones de impeachment continuaron acumulándose en el Congreso.
Recién estrenado su segundo mandato, Rousseff tenía al menos una veintena de pedidos para impugnar su gobierno y el Congreso dominado por el PMDB, el partido que teóricamente debía funcionar como aliado y que esta semana abandonó a la mandataria definitivamente. A lo largo de 2015 la Cámara de los Diputados no aceptó ninguno de estos pedidos pero sí los usó para orientar al Ejecutivo a que diera un giro a la derecha en materia económica. La presidenta aceptó las condiciones que le impusieron. Como primera medida eligió para el ministerio de Economía a Joaquim Levy, querido de los mercados internacionales y actual director financiero del Banco Mundial. En la cartera de Agricultura colocó a Kátia Abreu (PMDB), conocida como la 'Reina del Agronegocio', enemiga de las comunidades indígenas y aliada de los latifundistas. Rousseff también anunció un ajuste fiscal que repercutía especialmente en las clases trabajadoras y planteó una ley para regularizar la tercerización laboral, que daría un duro golpe a la las leyes laborales y al papel de los sindicatos. A pesar de seguir las recomendaciones de los barones del Congreso y del ministro de Economía, la Cámara de los Diputados, dirigida por Eduardo Cunha (PMDB), no le permitió aprobar otras leyes para aliviar la situación económica. Con el país paralizado políticamente la crisis se agudizó, aumentó la inflación, el desempleo, y Brasil continuó decreciendo y acumulando deuda pública. Los movimientos sociales que hasta 2013 habían sido fieles al PT, volvían en 2015 a salir a la calle contra la presidenta.
Los mercados celebran el impeachment
El pasado 3 de diciembre Dilma Rousseff constató que no le había servido de nada intentar contentar a la oposición y a sus aliados. Ese día Eduardo Cunha aceptó el pedido de impeachment que tenía "bases más sólidas", según palabras del líder de la Cámara. Seis decretos presupuestarios aprobados por la presidenta a sabiendas de que no había más dinero en la "caja" y la acusación de las llamadas "pedaleadas fiscales", maquillaje de las cuentas para recibir créditos de los bancos y mantener sus promesas de gasto social, fueron las acusaciones formales. Sin embargo, el motivo real por el que la mandataria está siendo juzgada no es el que se argumenta en las calles. La narrativa que impera es la que han creado algunos medios amparados por una serie de economistas que justifican la necesidad de cesar a la presidenta para acabar con la corrupción y recuperar la legitimidad del Gobierno ante los inversores internacionales. El manifiesto independiente de Economistas por el Impeachment es uno de los documentos que defienden estas ideas. La reacción de los mercados al enterarse de que se ponía en marcha el juicio político contra la brasileña también avaló esta teoría. La Bolsa de Valores brasileña (Bovespa) subió como no lo hacía en meses y el dólar bajó lo suficiente para dar un respiro a las clases medias altas, obsesionadas con este problema. La alegría de los mercados no fue una sorpresa ya que durante las elecciones de 2014 no escondieron sus inclinaciones por el candidato de la oposición Aécio Neves y la propia The Economist pedía abiertamente acabar con el mandato petista. Este mes sin defender claramente el impeachment, esta revista titulaba: “Hora de salir” y advertía en el artículo que la única salida para Brasil era la renuncia de su presidenta. La Federación de Industria de Sao Paulo (FIESP) es otro de los principales promotores del juicio político contra Rousseff. Su emblemático edificio en la Avenida Paulista se puso a disposición de los manifestantes anti Dilma y su fachada sirve de pancarta con la frase “Renuncia Ya” bajo los colores de la bandera de Brasil, a estas alturas un símbolo acaparado por la derecha del país. La FIESP, presidida por Paulo Sakaf (también del PMDB), no ha escatimado en gastos publicitarios con la campaña “No vamos a pagar el pato”. Un pato amarillo, gigante, instalado en la entrada del edificio se ha convertido en el lei motiv de los que quieren sacar a la presidenta de su puesto y piden otra política económica basada en la bajada de impuestos, en las privatizaciones y en definitiva, en la reducción del papel del Estado en la economía. A las campañas publicitarias se unen las declaraciones de reconocidos economistas del ala neoliberal. El expresidente Banco Central, Affonso Celso Pastore decía hace un par de semanas: “El impeachment sería una de las salidas a la crisis. Cambia el gobierno, entra otro con legitimidad y con una política económica coherente ya podemos volver a pensar en política monetaria”. En la misma línea pero un tanto más espiritual se mostraba otro de los que pasó por su cargo entre 1997-98, el economista Gustavo Franco: “Si hubiera impeachment el país habría pasado por un camino tortuoso, pero sería el camino de la virtud, un renacer para Brasil”, decía en la revista Istoé. Ya el expresidente Fernando Henrique Cardoso, deja de lado el argumento económico y asegura que la “legitimidad del impeachment no la da el Congreso sino las calles”, dando a entender que las leyes no serían necesarias si es el pueblo el que pide que se vaya un presidente.
Corrupción selectiva
Este discurso se alimenta de otro de los hechos claves del último año, el que tiene que ver con el mayor escándalo de corrupción del país (el esquema de desvíos millonarios de Petrobras) que investiga la Operación Lava Jato, a manos del juez Sérgio Moro. Esta investigación ha demostrado que tanto el PT, los principales partidos aliados del Gobierno (PMDB y PP) así como la oposición (PSDB) recibieron propinas millonarias de las más importantes constructoras del país a través de desvío de dinero de la estatal petrolera. A pesar de que entre los acusados haya políticos de diversas siglas, los grandes conglomerados mediáticos con Globo a la cabeza han creado un discurso en el que pareciera que el PT fuera el único culpable del escándalo: “Las denuncias de corrupción son selectivas, ignoran las acusaciones de los otros partidos y sirven para movilizar a la población contra el Gobierno”, recordaba en su editorial el director de Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Caccia Bava. El juez Sérgio Moro que se ha convertido en el ídolo de los anti Dilma asegura que Lava Jato es una cruzada contra la corrupción y “el esquema de cuadrillas” del Gobierno. El magistrado que hace meses que está detrás de Lula y de la presidenta, no ha querido seguir las acusaciones hechas contra el líder del PSDB Aécio Neves, o contra el líder del Senado, Renan Calheiros (PMDB), ambos citados por los testigos en más ocasiones que el expresidente. Sin embargo, la idea de cruzada contra la corrupción ha calado entre gran parte de los brasileños que identifican este problema como algo inherente al Partido de los Trabajadores, a pesar de que no haya pruebas que involucren a Dilma en el escándalo de Petrobras y sí las haya en relación a Eduardo Cunha, investigado formalmente por desvío y blanqueo de dinero por Tribunal Supremo Federal (STF). Por el momento Cunha no sólo mantiene su cargo intacto, sino que él fue quien puso en marcha el juicio contra Rousseff. A su vez la comisión que juzga a Dilma en primera instancia en la Cámara tiene a más de la mitad de sus miembros (37 de un total de 65 diputados) acusados de corrupción e investigados por el STF. El vicepresidente Michel Temer, quien asumiría si el impeachment saliera adelante, también ha sido citado en el escándalo de Lava Jato pero goza del beneplácito del mundo empresarial, con el que ha contado para llevar a cabo un nuevo programa de gobierno conocido como “Puente para el futuro”. Duros ajustes fiscales, la privatización del Presal (uno de los mayores descubrimientos petrolífero del siglo XXI), desvincular los gastos obligatorios de Sanidad y Educación de los presupuestos estatales, desvincular también el aumentos de los beneficios sociales y el reajuste del salario mínimo o permitir que los convenios colectivos entre los empresarios y los trabajadores prevalezcan frente a las leyes laborales, son algunas de las propuestas pactadas entre Temer, la oposición y un grupo de empresarios que se reunieron la última semana en Sao Paulo. En este sentido el director de Le Monde Diplomatique Brasil asegura que este juicio político poco tiene que ver con la corrupción: “Por desgracia este es un mal que abarca a todos los partidos, es una forma tradicional que las empresas tienen para sacar ventajas junto a los Gobiernos de turno. Lo que realmente está en disputa en estos momentos es el control de la política económica”.
Fuente: Diario Publico.es 03/04/2016
Link: http://www.publico.es/internacional/impeachment-o-guerra-abierta-control.html
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